La recién nombrada ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la confianza depositada en ella para estar al frente de este Departamento, hasta ahora integrado en el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.

“Un reto el consolidar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Una prioridad de país”, ha escrito Rodríguez en un mensaje publicado en la red social ‘X’, antes ‘Twitter’.

Isabel Rodríguez, nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana

El jefe del Ejecutivo ha decidido mantener el Consejo de Ministros a la que hasta ahora era portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que pasa a ocupar una nueva cartera: Vivienda y Agenda Urbana.

Así, Isabel Rodríguez estará al frente del Ministerio de Vivienda, que se vuelve a recuperar como departamento en solitario y no agregado a otro ministerio.

Como principales retos, la nueva ministra tendrá que desarrollar la macrooperación de poner en el mercado un total de 183.000 viviendas de alquiler asequible, que incluye las viviendas de Sareb, nuevas promociones y casas en el suelo del Ministerio de Defensa.

También deberá desarrollar la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de la legislatura pasada, y, concretamente, el compromiso es definir con carácter inmediato el índice de precios de referencia, que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.

Asimismo, se llevará a cabo el incremento del Bono Alquiler, que en la actualidad consiste en una ayuda de 250 euros para jóvenes menores de 35 años, y se revisará también la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. También se aprobará un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

Además, se habilitará un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas.

Círculo Legal: “El recuperado ministerio de Vivienda debe poner el foco en desarrollar oferta de alquiler social y asequible, sin parches ni populismos”

Los retos a los que tendrá que enfrentarse Rodríguez no son pocos. “Recuperar una cartera que dejó de existir en 2010 ya nos advierte de que la vivienda será una prioridad para el Gobierno, al menos, sobre el papel”, indica Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona. La letrada no duda en recibir esta renovada preocupación como una buena noticia, pero matiza que “la mejora de la accesibilidad debe demostrarse con hechos, no con medidas populistas y cortoplacistas que solo buscan votos”.

Goenaga advierte que “la falta de vivienda social y/o asequible está enquistada en la sociedad y exige actuaciones estructurales”. La abogada matiza que “el Gobierno debe asumir su responsabilidad, sin intervencionismos ni parches”.

Para Goenaga, ayudas como la ampliación del bono de alquiler joven o la creación de índice de precios para el alquiler “son patadas hacia delante”. La portavoz de Círculo Legal Barcelona considera que “lo que los jóvenes necesitan es un parque de vivienda pública en condiciones que les sirva de primer paso para su emancipación, no un cheque descuento o que la escasa oferta de inmuebles actual se reduzca aún más por la legislación intervencionista”.

En este sentido, el nuevo Gobierno se ha propuesto habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, una promesa que ya se dejó caer en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y que la abogada califica de “brindis al sol”, dado que “será complicado actualizar muchos de estos inmuebles o desbloquear suelos para su desarrollo residencial: es una tarea de décadas”.

En cuanto a la línea de avales de 2.500 millones de euros para cubrir parcialmente la hipoteca de la primera vivienda, Goenaga opina que es “una forma de posponer el pago de una deuda a la que se debería responder desde el ahorro previo, ya que podríamos encontrarnos con ratios de endeudamiento muy altos y con la amenaza de la morosidad y un repunte de los desahucios por impago”.

La experta concluye admitiendo que “es fundamental que se dote de medios a organismos como servicios sociales o juzgados, así como trabajar para garantizar los derechos de oferta y demanda, no solo de una parte. Debe producirse un pacto de Estado entre todas las Administraciones para desarrollar una política de vivienda adecuada, ya es una competencia delegada a las CCAA y éstas tienen mucho que decir”.

Antonio Carroza (Alquiler Seguro): “Este nombramiento es un cambio de caras para impulsar la misma política de vivienda, que está siendo ineficiente”

“Aunque gran parte de las competencias de vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas, el Gobierno se encargó de crear una Ley de Vivienda, que invade competencias de las Comunidades Autónomas, lo que ha dado lugar a la interposición de recursos de inconstitucionalidad, ya admitidos a trámite por el tribunal Constitucional. La ley por el derecho a la vivienda no ha dejado prácticamente margen de maniobra a las Comunidades Autónomas en regulación de materias como son el arrendamiento o las viviendas de protección oficial”, advierte Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.

“Isabel Rodríguez tiene que saber que hereda una situación grave en el mercado del alquiler. Los principales perjudicados por la actual Ley, están siendo los inquilinos, donde cada día les cuesta más encontrar una vivienda, porque se está destruyendo oferta de alquiler residencial, se encarecen los precios, aumenta la incertidumbre y la inseguridad jurídica”, señala Carroza.

“La Ley de Vivienda ha sido impulsada fuertemente por ERC y Bildu en su redacción, por lo que entendemos que, en esta segunda fase de implementación, ambas fuerzas políticas necesitan a una buena portavoz para sus exigencias en materia de alquiler”,subraya Antonio Carroza.

VIVENDEX afirma que las iniciativas de vivienda del ejecutivo de Pedro Sánchez son bien intencionadas pero poco realistas

Francesc Quintana, CEO de la agencia de intermediación inmobiliaria VIVENDEX, valora las iniciativas propuestas por el nuevo Ejecutivo como “bien intencionadas pero poco realistas”. “Es cierto que aumenta la oferta de vivienda para hacer frente a la escasez de oferta, que es uno de los principales problemas que tenemos, pero lo que realmente hace falta es política de suelo y visión a largo plazo, no leyes cortoplacistas”.

El experto ha reconocido que “pese a que tienen un objetivo positivo como mejorar la accesibilidad a la vivienda a jóvenes y familias en una situación económica desfavorable” le presenta “grandes dudas” la efectividad de estas medidas e indica que el principal problema es “saber cuándo se van a ejecutar”. “Todavía estamos esperando, por ejemplo, saber que va a pasar con los 50.000 pisos de la Sareb que deben ser para vivienda asequible”, explica.

Quintana también destaca “la incertidumbre sobre el sector en esta nueva etapa”. Para el CEO de VIVENDEX la ley de vivienda es “ideológica y populista y traslada toda la presión a las entidades privadas”. Añade, además, que “no soluciona los principales problemas del mercado de vivienda, porque no arregla los problemas del alquiler y no da estabilidad a las familias”. El experto inmobiliario concluye que también es importante “equilibrar la balanza entre derechos para inquilinos y propietarios”.

El CGATE aplaude la creación del nuevo Ministerio de Vivienda y cree que la rehabilitación del parque edificado será su reto más importante

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) aplaude la creación del nuevo Ministerio de Vivienda con Isabel Rodríguez al frente como ministra de Vivienda y Agenda Urbana en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Creado por primera vez en 1957 y recuperado en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra María Antonia Trujillo, la colaboración entre la arquitectura técnica y esta cartera ministerial siempre ha sido estrecha.

“Recibimos con satisfacción la decisión de que el Gobierno recién constituido cuente con un Ministerio de Vivienda. El hecho de que un bien de primera necesidad como es la vivienda, con problemas tan acuciantes como la dinamización de la rehabilitación del parque edificado, justifica sobradamente la existencia de un ministerio con sus consiguientes recursos”, asegura Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Responsable de las políticas del Gobierno en relación a edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, el nuevo Ministerio de Vivienda tiene por delante, en opinión del CGATE, importantes retos y desafíos. El acceso a la vivienda, principalmente para los jóvenes y la dinamización de una manera efectiva el proceso de adjudicación de los fondos Next Generation son asuntos prioritarios para la entidad.

“Hay que alcanzar los objetivos de 300.000 viviendas rehabilitadas, cuando en este momento estamos a un 10% de la ejecución. Tenemos que intensificar el ritmo para cumplir con los compromisos adquiridos, pero teniendo en cuenta no solo la reducción de la demanda de energía de los edificios, sino también otros aspectos relacionados con la salud de sus habitantes. Debemos repensar nuestro entorno, la ciudad y sus edificios, con espacios más abiertos, accesibles, amables, donde se respete a la persona y se le proporcione un elevado grado de confort”, explica Sanz.

Además, para hacer frente a este aumento en el número de rehabilitaciones, no solo habrá que cambiar el modelo constructivo, también habrá que generar un nuevo tejido empresarial y será necesario impulsar la formación para garantizar la llegada de nuevos profesionales al sector.

También es prioritario, según el CGATE, la protección integral al comprador de viviendas de segunda o posteriores ocupaciones. “La vivienda de nueva planta está amparada por las garantías que ofrece la normativa, el Código Técnico, la Responsabilidad Civil. Pero la vivienda de segunda mano necesitaría un contrato de compra y venta con una inspección pormenorizada de su estado. Y creemos que esto es algo que beneficiaría enormemente tanto al comprador, como al vendedor de vivienda”.

Ya estamos en contacto con la Dirección General de Vivienda, a quienes les hemos planteado nuestra inquietud, y nuestra intención es seguir trabajando en ello con los nuevos responsables, asegura el presidente del CGATE.