Ángel Martínez León es el nuevo presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales API (COAPI) de España tras la renuncia hace unos días de Gerard Duelo. El hasta ahora vicepresidente de esta entidad es también presidente del COAPI de Cádiz y fue vicepresidente del Consejo de los COAPI de Andalucía entre 2018 y 2023. Aporta así una amplia experiencia al frente de las instituciones que agrupan a los agentes inmobiliarios, y se confiesa como un gran amante de su profesión. 

Por delante tiene el reto de liderar las relaciones con las administraciones públicas para buscar respuesta a la situación actual de escasez de vivienda, el mercado del alquiler y la regulación obligatoria de la profesión, que considera un tema crucial para poder ofrecer las garantías necesarias a los diversos clientes del mercado inmobiliario. 

En esta entrevista realizada tras aceptar el nuevo cargo repasamos todas estas cuestiones y sus propuestas de solución como máximo representante de los COAPI de todo el país.  

¿Cuáles son los principales retos y los temas prioritarios a los que os enfrentáis tras haber estrenado el cargo al frente del Consejo General de COAPIs de España?

Este cargo hay que asumirlo con responsabilidad, con ilusión y con ánimo para desarrollar los temas que nos quedan en estos dos últimos años de mandato. Nosotros vamos a seguir trabajando, lógicamente, en las funciones del Consejo General, como son tener una fluida conversación con las administraciones públicas, principalmente con la Administración general del Estado, con las comunidades autónomas y todo lo que tenga que ver con la administración, ya que somos corporación de derecho público. 

Tenemos que hacer ver a las administraciones públicas que hay que velar por la defensa y los derechos de todos los consumidores inmobiliarios, tanto el que compra como el que vende, el que arrienda como propietario y el que arrienda como inquilino. 

Además, nos centramos también en fomentar la formación de nuestro colectivo y en abogar por la creación de registros obligatorios de profesionales de la intermediación inmobiliaria. Por otra parte, trabajamos por la unión con otro tipo de asociaciones profesionales que dan cobertura a aquellas personas que estatutariamente no pueden acceder a la colegiación por no tener títulos de grado universitarios, tal y como exige nuestro estatuto. 

¿Cuál es la situación actual del registro obligatorio de los profesionales inmobiliarios y por qué es importante su implantación?

Ahora mismo los registros obligatorios están en marcha en Cataluña, donde ya tiene una larga trayectoria, y también en Baleares y la Comunidad Valenciana. En Andalucía está en trámite, y desde el Consejo General de COAPIs trabajamos para que las autoridades de otras comunidades autónomas entiendan lo que suponen estos registros obligatorios para la defensa y los derechos de los consumidores. En ningún caso se trata de pedir ningún privilegio para el colectivo de agentes inmobiliarios, sino de garantizar que la persona que quiera vender o comprar su casa vea que el profesional que le atiende al menos está en un registro de su comunidad autónoma que suponga una mínima garantía para salvaguardar sus intereses. El registro de profesionales garantiza que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil, con una formación mínima acreditada y con un lugar físico al que poder acudir en caso de tener que localizarle por algún motivo. Y todo eso es importantísimo para los consumidores. 

Hace casi 25 años que se liberalizó el sector y, por falta de este tipo de registros obligatorios, ha habido oportunistas que han interferido, de manera negativa desde nuestro punto de vista, en la prestación de servicios inmobiliarios. 

¿Por qué cuesta tanto que se implante este registro obligatorio en otras comunidades autónomas?

En los últimos años hemos intentado hablar con todas las comunidades autónomas. Y las autoridades de todo el espectro de colores políticos muchas veces se echan las manos a la cabeza porque desconocen que actualmente la intermediación inmobiliaria puede estar en manos de alguien que no tenga conocimientos acreditados en el tema, que no sepa ni leer ni escribir, como a veces decimos nosotros. Pero después ocurre que los trámites parlamentarios de los gobiernos son lentos, y muchas veces en gobiernos que duran cuatro años no da tiempo a tomar este tipo de medidas. Es lo que ocurrió también con la Ley de Vivienda, en la que estuvimos trabajando desde el Consejo General para llegar a algún tipo de consenso, pero al final se aprobó una Ley de Vivienda de manera  apresurada porque llegaban unas elecciones municipales y el resultado no contentó absolutamente a nadie.

Lo que nos gustaría es que hubiese un marco regulatorio no solo en las comunidades autónomas que tienen estas competencias, sino que existiera también un paraguas a nivel nacional en el que se recogieran estos aspectos, que hubiese un denominador común que ofrezca garantías al consumidor. 

¿Qué perspectivas tenéis en este sentido para los dos años que quedan de mandato? ¿Hay esperanza de que haya más comunidades que se sumen próximamente? 

Andalucía está en trámite, y hemos hablado con Galicia y Castilla y León y Castilla-La Mancha. Nosotros seguiremos incidiendo con los COAPI de cada territorio para intentar hacer ver la importancia de estos registros profesionales a los consejeros de vivienda de cada comunidad autónoma. En Madrid, por su parte, existe un registro voluntario de profesionales, pero ya sabemos lo que ocurre en estos casos: solo se apuntan aquellos que están en regla. Por eso es importante que los registros tengan carácter obligatorio. 

¿Cuáles son los retos de los profesionales inmobiliarios ante la previsión del mercado inmobiliario, que tiene un pronóstico de gran actividad para los próximos meses?

Los profesionales inmobiliarios estamos a merced de los vaivenes económicos y los vaivenes políticos. Nosotros no somos profesionales de los macro números, somos profesionales del día a día, de atender a una persona concreta en nuestro despacho y trabajar en una determinada zona de actuación. Y en base a eso nos tenemos que ceñir a lo que viene. 

Desde el punto de vista económico, parece que va a haber una cierta pujanza del sector. Pero seguimos con un gran problema, que es la falta de oferta que hay ahora mismo en el mercado, y eso restringe la actividad. Restringe la actividad porque restringe el acceso a la vivienda. El problema no es la vivienda, el problema es la dificultad para acceder a la vivienda. Y es deber de las Administraciones públicas promover y construir viviendas asequibles para un sector de la población que cada vez lo tiene más difícil. 

Prácticamente en toda la época democrática el desarrollo de promoción pública ha sido bastante escaso. Hace falta que todos tengamos la cordura suficiente para trabajar de forma sistemática y ordenada, para que el que salga siempre beneficiado sea el consumidor inmobiliario. 

Por lo que respecta al mercado del alquiler, que tanto debate está suscitando en los últimos tiempos, ¿cuál es la posición del Consejo General de COAPIs?

Nuestra recomendación es precisamente no limitar la renta, porque eso, tal y como ya avisábamos, hace que se reduzca el mercado del alquiler. Hay ya muchos ejemplos en ciudades de Europa y otras partes del mundo, y vemos que limitar el alquiler e introducir en la Ley de Vivienda el concepto de vulnerabilidad conlleva que muchos propietarios, que en su gran mayoría no son grandes tenedores sino personas que tienen dos, tres o cuatro viviendas en alquiler para complementar sus ingresos o sus jubilaciones, se retiren del mercado. 

Al introducir el concepto de vulnerabilidad en la Ley, dotando de garantías al arrendatario, el arrendador siente que de alguna forma se está atacando su derecho a la propiedad. El propietario lo que quiere es cobrar su renta y que su vivienda se mantenga en el mismo estado en el que se entrega. Quizá habría que poner más ayudas para hacer un seguimiento a las personas más vulnerables o que puedan tener mayores problemas de pago, como se ha hecho con los avales para jóvenes. Pero esto todavía no está dando el resultado que se pretendía. 

¿Cuál sería la solución para reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda del alquiler y el desajuste entre los precios de algunas zonas y los salarios de buena parte de la población?

Hace falta promoción pública. Llevamos muchos años con una escasísima promoción pública, y eso ha hecho que el parque de vivienda disponible sea muy pequeño y no haya disponible la oferta que se necesita. Y, al haber poca oferta, quien puede pagar más se la queda. Son leyes de mercado, no hay que ser tampoco doctor honoris causa para entender esto.

Nosotros entendemos que habría que hacer promoción pública, aumentar el mercado de vivienda y ayudar a que la ley no castigue tanto a la propiedad para poder cobrar la renta. Hay que abordar todo esto en la Ley de Vivienda.