La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha admitido que el Gobierno está analizando “con detenimiento” los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que apuntan que los desahucios por impago del alquiler ya suponen el 75% del total, y ha precisado que se evaluará también si hay relación o no con “la circunstancia de la tensión del mercado de alquiler”.
En declaraciones a los periodistas en A Coruña, ha incidido en el análisis de este informe, al tiempo que ha destacado medidas impulsadas por el Gobierno central, como “alargar la moratoria antidesahucios para personas vulnerables”, y los instrumentos que, según ha dicho, facilita la nueva Ley de Vivienda.
“Si existen recursos que permiten bajar el alquiler en al menos un 5%, al tiempo que se bonifica a los propietarios, no entiendo a qué estamos esperando para ponerlo en marcha”, ha dicho al hacer un llamamiento a otras administraciones para que “replanteen su posición” en política de vivienda.
Todo ello tras asegurar que el Gobierno central está “comprometido con las personas que más lo necesitan” de cara a garantizar su derecho a la vivienda.
Emergencia social
Del informe del CGPJ también ha destacado el descenso de las ocupaciones. “El problema no está en las ocupaciones, sino en atender a los que más lo necesitan”, ha señalado la ministra quien, cuestionada sobre las zonas tensionadas, ha instado a aprovechar “todas las herramientas” de la Ley de Vivienda de cara a facilitar el acceso a la misma.
“Existe una emergencia social“, ha insistido la ministra, quien ha incidido en que el Ejecutivo está abordando también la elaboración del reglamento que regulará los alojamientos temporales y turísticos, según ha señalado al ser preguntada por las demandas de estudiantes en esta materia y sus protestas.
Demanda de la Xunta
Estas declaraciones las ha hecho tras visitar el barrio coruñés de Xuxán, donde se ejecuta vivienda pública, y el centro de Formación Profesional de Someso. Tras la visita del mismo, ha aludido también a las iniciativas del Ejecutivo como la nueva Ley de Formación Profesional.
A su vez, el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, ha reivindicado el FP de “calidad” en Galicia, con aumento de matriculados y la “apuesta” de la Xunta en materia de vivienda. En este punto, y asegurando que Galicia utilizará todos los fondos que reciba del Estado, ha pedido la “descentralización” de los fondos europeos para una gestión “más rápida”.
