La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 2.683 millones de euros en los dos primeros meses del año. Esto representa una caída de apenas el 4% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando todavía no había estallado la crisis del coronavirus en España.
Este dato muestra una mejora significativa de la actividad licitadora en el país frente a la caída del 23% que experimentó a lo largo de 2020 y del 15% que registró en enero. Son datos de la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan.
La mejora de este dato proviene, en primer lugar, del esfuerzo realizado por los ayuntamientos, que siguen siendo los que más importe licitan, así como por la actividad registrada en el Ministerio para la Transición Ecológica, que disparó la licitación más de un 800%, y por la mejora en el Ministerio de Transportes.
Así, las entidades locales lograron incrementar el importe licitado un 11,7%, hasta los 1.077 millones de euros; el de Transición Ecológica un 862%, hasta 237 millones. Y el que dirige José Luis Ábalos lo disminuyó un ligero 2,5%, hasta 548 millones, cuando en 2020 la redujo un 60%.
Dentro de este Ministerio, Adif fue el principal responsable de contener la caída global, ya que incrementó en un 210% sus licitaciones, hasta los 365 millones de euros. La Dirección General de Carreteras las rebajó un 61%, los puertos un 83% y Aena un 26%.
El Departamento que lidera Teresa Ribera incrementó todas sus partidas. La de Costa y Mar en casi 200 veces más, las Sociedades Estatales de Agua 90 veces más, las confederaciones Hidrográficas un 755% y la Dirección General del Agua un 300%.
Las comunidades autónomas, por su parte, la disminuyeron un 34%, hasta 760 millones. Las regiones que la aumentaron fueron Andalucía, un 666% más, Castilla-La Mancha, un 492% más; Cantabria, un 343% más; País Vasco, un 332% más; Extremadura, un 229% más; y Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia y Cataluña, todas ellas con un crecimiento por debajo del 100%.
En el lado contrario se situaron Madrid, con un 93,5% menos de licitación pública; Canarias, con un 93,4% menos; Galicia, un 82% menos; Castilla y León, un 69% menos; Navarra, un 55% menos; Aragón, un 41% menos; Islas Baleares, un 24% menos; y La Rioja, un 4% menos.
