Los Veintisiete han acordado defender durante la revisión de la normativa comunitaria sobre eficiencia energética en el sector de la construcción que a partir de 2030 se imponga el objetivo de cero emisiones a todos los edificios de nueva construcción, un reto de neutralidad en emisiones que creen deberá exigirse al conjunto del parque inmobiliario en 2050.
De este modo los gobiernos se alinean con dos de los retos propuestos por la Comisión Europea el pasado diciembre en su iniciativa para revisar la Directiva sobre rendimiento energético de los edificios y que aún deben negociar con el Parlamento Europeo antes de cerrar la reforma definitiva.
En el mandato que los ministros de Energía de la UE han cerrado en su reunión en Luxemburgo se detalla que el objetivo de “cero emisiones” debe ser más ambicioso para los edificios nuevos construidos para la administración pública, ya que ellos deberán cumplir con esa neutralidad ya en 2028.
Con todo, los Estados miembro abren la puerta a excepciones en los plazos y objetivos en el caso de determinados inmuebles, por ejemplo lugares de culto, edificios históricos o construcciones con fines defensivos.
En el caso de los edificios existentes, los Estados miembros quieren introducir estándares mínimos de rendimiento energético que correspondan a la cantidad máxima de energía primaria que los edificios pueden utilizar por m2 al año.
El objetivo de esta medida es incentivar la renovación de los edificios más antiguos y con peor calificación energética e incluso llevar a la eliminación gradual de aquellos con peor rendimiento, de modo que se genere una renovación del parque inmobiliario.
En el marco de la armonización de la certificación energética, los Veintisiete abogan por crear una nueva categoría ‘A0’ para los edificios que cumplan con el objetivo de neutralidad y ofrecer la categoría ‘A+’ para aquellos inmuebles que además de cumplir con el requisito de cero emisiones contribuyan a la generación de energía renovable a la red eléctrica.
Energía solar
Otra de las iniciativas que se pretende impulsar con la revisión de la normativa es la de asegurar que el diseño de los nuevos edificios optimiza su potencial como generador de energía solar.
Así, por ejemplo, los países plantean que antes de que acabe 2026 todos los edificios públicos y oficinas cuenten con una superficie útil para energía solar de al menos 250 m2; un umbral que aumentaría hasta los 400 m2 para los mismos tipos de inmueble que se reformaran de manera profunda a partir de diciembre de 2027. Ya en 2030 se aplicaría a todos los edificios de nueva construcción.
La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha opinado al respecto de esta posición negociadora que los Estados miembros han optado por ser “lo más ambiciosos posible” a la hora de fijar objetivos, si bien han previsto margen para que el progreso sea “gradual” en cada país en función de su realidad inmobiliaria y energética.
“Se deben tener en consideración las grandes diferencias de consumo energético por metro cuadrado. No es razonable pedir un esfuerzo a las familias que pueda ser desproporcionado en relación con los resultados en términos de ahorro, de manera precipitada”, ha explicado Ribera en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, al término de la reunión de ministros de Energía de la UE.
Por ello, ha indicado la vicepresidenta, el avance hacia los objetivos debe ser “gradual, no lineal”, que tenga en cuenta factores como el climatológico o el geográfico de cada país, para que “todos” los edificios sean neutrales en emisiones en 2050 pero “cada uno adaptándolo a su realidad”.
