La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido al Gobierno llevar a cabo una reforma del Código Penal para eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda.
Así lo ha solicitado el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la clausura de su asamblea general, en la que ha trasladado la necesidad de “reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal”.
Con este mismo objetivo, también ha planteado acometer una modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que los ocupas puedan empadronarse en una vivienda ilegalmente ocupada.
Para intentar aliviar los problemas que vive el mercado inmobiliario, la CNC ha propuesto la construcción de 150.000 viviendas cada año en España, destinadas tanto a venta o alquiler libre como a protección social o de rentas reguladas.
Fernández Alén ha criticado las políticas “intervencionistas” que cree que ha puesto en marcha el Gobierno, como la del control de precios, al considerar que no solo no solucionan los problemas, sino que constituyen un “agravante”.
De esta forma, ha defendido que la solución pasa por incrementar la oferta, sin miedo a que se repitan los errores de la crisis financiera de 2008, ya que en ese momento se concedían hasta 900.000 visados de obra nueva, frente a los solo 132.000 del año pasado.
Para ello, ha abogado por un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las comunidades autónomas y las entidades locales, al mismo tiempo que ha pedido más colaboración público-privada y agilizar los préstamos ICO en los territorios.
Más avales para jóvenes
En paralelo, la CNC considera necesario implementar un programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los Módulos de los Planes de vivienda.
Desde el punto de vista fiscal, propone implantar bonificaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural.
En el ámbito jurídico, defiende un impulso de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos, así como favorecer la creación y la seguridad jurídica de los recursos residenciales para las personas mayores, como las viviendas compartidas, las viviendas con servicios comunes y otras modalidades de habitabilidad que incorporen servicios de apoyo y cuidado a quien lo necesite.
También pide huir de la utilización abusiva de medios propios, como el SEPE, o volver a restaurar los mecanismos de revisión de precios en la obra pública.
