La comunidades autónomas y los ayuntamientos serán las encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres que va poner a su disposición el Gobierno en la futura ley de vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros junto a la portavoz, Isabel Rodríguez, y en la que ha anunciado ese acuerdo sellado entre los socios de la coalición para sacar adelante, primero, las cuentas públicas y, después, la ley de vivienda.

Aunque esta segunda norma, la de vivienda, todavía no tiene fecha de aprobación, Bolaños sí ha dejado claro que respetará las competencias autonómicas y municipales. Así, ha puesto de ejemplo que el recargo en el IBI que se planteará para viviendas vacías sólo se aplicará en los ayuntamientos que lo pidan.

Y del mismo modo, será las comunidades que lo deseen las que deberán solicitar la declaración de una zona tensionada de mercado, para poder intervenir los precios de los alquileres con los mecanismos disponibles que se definan en la norma.

A este respecto, fuentes gubernamentales han aclarado que las limitaciones de los precios sólo van a afectar a las personas jurídicas que sean grandes tenedores (más de 10 viviendas en arrendamiento). Es decir, a las personas físicas no se les obligará a bajar el alquiler en el caso de que la comunidad autónoma soliciten la declaración de zona tensionada, aunque posean más de 10 viviendas.

Por su parte, las personas físicas sí se podrán beneficiar de los incentivos fiscales, que pueden llegar hasta el 90%, por rebajar los precios de los alquileres, según el mecanismo que se detalle en la nueva norma. Según las fuentes consultadas, el 85% de los propietarios en España son personas físicas que se podrían beneficiar de esas medidas.

Sánchez cierra el pacto

En todo caso, la nueva ley de vivienda todavía no verá la luz en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, que el presidente Pedro Sánchez ha convocado para aprobar los Presupuestos, tras cerrar él mismo el acuerdo este martes por la mañana con las líderes de Unidas Podemos, según han informado fuentes gubernamentales.

Tras meses de negociaciones, el presidente ha sellado el pacto en una reunión que ha mantenido este martes, antes del Consejo de Ministros, con la vicepresidenta primera y líder de Unidas Podemos en la coalición, Yolanda Díaz.

A este encuentro, Sánchez también ha convocado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra y al propio Bolaños, quienes han estado directamente implicados en la negociación.