Más de la mitad de los inquilinos (63%) destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y de los gastos ligados a la vivienda, según se desprende de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Así, el 26,6% de los inquilinos encuestados por OCU aseguran tener una situación familiar difícil o muy difícil económicamente. Así, del conjunto de inquilinos, el 34% afirma tener unos ingresos familiares de hasta 1.500 euros mensuales, mientras que hasta ese intervalo entre los propietarios solo están el 19%.
En España existen 18,5 millones de viviendas principales y casi tres millones de hogares viven en viviendas de alquiler, un 16% del total, mientras que el 74% son propietarios de su vivienda.
La opción del alquiler ha aumentado en los últimos años, también por la mayor dificultad de acceso a la propiedad, debido a los precios, a la falta de ahorro previo, a la falta de estabilidad en empleos con salarios consistentes y al encarecimiento de las hipotecas.
Además, la demanda de vivienda está fuertemente concentrada en las zonas y ciudades con mayor dinamismo en el mercado de trabajo. Esto se ha traducido en una subida de los precios del alquiler que dificulta el acceso a la vivienda y precariza a las familias, tal y como se desprende del estudio de OCU financiado por el Ministerio de Consumo.
No obstante, un 79% de los inquilinos aspiran en cinco años a ser propietarios de la vivienda en la que vivan, aunque solo el 42% creen que lo conseguirán.
Los extranjeros sobrerrepresentados y la inversión en VPO en déficit
Por otro lado, del estudio realizado por OCU se desprende que el colectivo de origen extranjero está sobrerrepresentado en el alquiler, con un 33% de los inquilinos, y se pone de manifiesto el déficit “crónico” de inversión en Vivienda de Protección Oficial de alquiler (VPO).
Así, el 85% de la oferta de vivienda en alquiler la aportan los propietarios privados y solo un 3% de inquilinos cuentan con viviendas de alquiler público, sin que hasta ahora se haya iniciado un plan para corregirlo.
Además, según la OCU, aunque no hay estadísticas fiables, distintas entidades públicas y privadas señalan que la oferta privada de vivienda en alquiler está disminuyendo como consecuencia del temor que sienten los arrendadores y quienes podrían serlo a no cobrar la renta, a sufrir daños en la vivienda y a no poder recuperar su propiedad en caso de impago.
Esto agrava el desequilibrio entre una pujante demanda y una oferta en retroceso, al tiempo que se contabilizan 3,8 millones de viviendas vacías España, según OCU.
Las ayudas públicas no contrarrestan el aumento de precios
Ante el incremento de los precios del alquiler, OCU ha asegura en su informe que el régimen actual las ayudas públicas a inquilinos no está contribuyendo a contener la subida de precios de la vivienda en alquiler.
“La oferta de vivienda pública y los recursos de los servicios sociales son totalmente insuficientes para dar el apoyo necesario a quienes no encuentran una vivienda digna en el mercado”, han recalcado.
Ante esta situación, desde OCU han exigido al Gobierno adoptar un plan ambicioso de inversión en vivienda pública e incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler; que las ayudas se concentren en los colectivos más vulnerables; promover políticas que favorezcan la descentralización de los centros de trabajo y aportar seguridad jurídica a los arrendadores particulares.
Así, han indicado que la adopción de medidas extraordinarias como el control de rentas o la suspensión de procedimientos de desahucio deben plantearse con carácter de “excepcionalidad” y acotadas en el tiempo y a circunstancias bien definidas.
