No habrá tiempo en esta legislatura particularmente breve, pero la necesidad de una nueva política de vivienda parece ser una demanda compartida por los especialistas en el sector tal y como se puso de manifiesto el pasado jueves 21 de febrero en La Casa Encendida de Madrid.
Medio centenar de asistentes, principalmente del ámbito académico, acudieron allí a una mesa de debate titulada “¿Nueva Política de Vivienda?”. Julio Vinuesa, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, ejerció como moderador y planteó el marco del debate: “La importancia y la enorme dimensión económica de la vivienda ensombrece su dimensión social. ¿Qué pueden hacer las políticas públicas de vivienda al respecto?”.
A lo largo de la sesión se pusieron de manifiesto dos cuestiones claves a este respecto. Por un lado, la necesidad de contar con datos fiables y actualizados sobre la realidad del sector para poder afrontar los retos de forma coordinada entre las administraciones. Por otro, las medidas que han de adoptarse para corregir aquellos aspectos que están fallando.
Cuestión de datos
Helena Beunza, secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, puso de manifiesto, desde el inicio de su intervención, cuál es la situación actual: “El Gobierno tiene que trabajar para construir datos oficiales, sobre todo respecto al alquiler”.
Frente a esta carencia de las administraciones, cuyos ritmos de elaboración de estadísticas difícilmente se ajustan al dinamismo del mercado, la directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, puso en valor los datos que recaba y difunde públicamente el propio portal inmobiliario: “Nosotros manejamos mucha información. Conocemos la oferta, pero también la demanda. Y hacemos un intenso trabajo de investigación en dos ejes: los índices de precios (de venta y alquiler) y los informes a partir de encuestas (Fotocasa Research)”.
Toribio puso como ejemplo el informe de Experiencia en el alquiler 2018 (PDF), que retrata fielmente el panorama actual en el mercado de arrendamiento español: el descenso de la participación de los particulares, la desigual evolución territorial de los precios, la fallida pretensión de compra de quienes alquilan o la escasa negociación que se produce entre arrendadores e inquilinos a la hora de cerrar un acuerdo.
Beunza profundizó, en concreto, en la falta de datos sobre vivienda pública en régimen de alquiler, que se cifra, según Housing Europe, en un 2,5% del parque de vivienda. También desgranó el descenso registrado en los últimos años en vivienda protegida y el decreciente presupuesto con el que cuenta el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 respecto a los anteriores. “Sin vivienda pública, no tenemos un colchón con el que reaccionar ante situaciones de emergencia”, señaló.
Medidas concretas
Ante este escenario, Beunza repasó los objetivos de su ministerio articulado a través de diferentes actuaciones. Por ejemplo, un plan de 20.000 viviendas en alquiler social, la modificación del Código Técnico de la Edificación, el reconocimiento competencial de la actividad de los ayuntamientos en esta materia o la mejora de la financiación para promociones de vivienda social a través del ICO. Pero la verdadera medida de calado en la que puso el acento la secretaria general es la nueva Ley Estatal de Vivienda.
Esta normativa establecería objetivos a largo plazo para las políticas públicas de vivienda, pero su desarrollo y puesta en marcha ya resulta inviable en esta legislatura y, por tanto, dependerá de los resultados de las próximas elecciones generales del 28 abril.
En el debate que se produjo tras la intervención de ambas ponentes se explicitó la necesidad de que exista una norma con rango de Ley para este ámbito, pero también el imprescindible acuerdo parlamentario para sacarla adelante y darle continuidad. Beatriz Toribio resumió este sentir en general cuando ya el acto tocaba a su fin: “Es necesario que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en que haya una política de vivienda”.
