La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha anunciado la resolución de las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda del Gobierno y ha dicho que bajarán de diez a cinco los inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios.
Así lo ha declarado en una rueda de prensa donde ha detallado que la alegación se ha resuelto favorablemente porque la nueva Ley de Vivienda aprobada en el Congreso ya contempla el cambio.
Capella ha explicado que otra alegación que han aprobado es que los promotores sociales que tengan “como objeto la promoción de inmuebles de protección social destinados al alquiler” no serán considerados grandes tenedores, aunque los que se dediquen a vender las viviendas, sí.
Estas son las dos únicas alegaciones que han modificado la memoria inicial que preparó el Govern en junio y que cifra en 140 los municipios que son zonas tensionadas, donde se deberá aplicar la limitación del alquiler que prevé la Ley.
La consellera ha detallado que ha habido un total de 50 alegaciones que trataban cuatro ejes: la imposibilidad de aplicar la Ley en Catalunya; la compensación económica a los propietarios; la consideración de los promotores sociales como grandes tenedores, y el cambio de definición de los grandes tenedores.
Plazos de la tramitación
Así, ha previsto que el Gobierno “debería avalar la memoria” que la Generalitat ha presentado y ha dicho que la Ley de Vivienda podría entrar en vigor en Catalunya en agosto.
Preguntada sobre un posible recurso judicial por parte de las entidades representativas del sector de la promoción, la intermediación y la administración de viviendas, ha aseverado que espera que los tribunales valoren “los derechos que están en juego”.
Ley catalana de vivienda
“No es ninguna contradicción”, ha respondido a los periodistas sobre la votación en el Parlament el próximo 1 de septiembre para considerar si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal.
Capella ha asegurado que la Generalitat está defendiendo sus competencias y que es su “obligación dar respuesta a la ciudadanía catalana” y garantizar sus derechos.
Por último, ha subrayado que le hubiera gustado que el TC no hubiera anulado la Ley de Vivienda catalana porque daba “respuesta absoluta a la situación de emergencia en materia de contención de riesgo”.
