La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha presentado 2.000 reclamaciones de pequeños y medianos propietarios solicitando al Estado que compense los daños patrimoniales causados por el tope del 2% a las subidas del alquiler aprobado en marzo de 2022, según ha informado en un comunicado.
Las reclamaciones han ido dirigidas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y fueron recogidas entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Además, Asval prevé un nuevo “aluvión de demandas” en caso de que se apruebe la Ley de Vivienda, que se encuentra en trámite parlamentario.
Asval, que actúa como canalizadora de estas reclamaciones, ha estimado que el tope impuesto por el Gobierno ha afectado a más de dos millones de pequeños propietarios en España y ha lamentado que no se hayan previsto compensaciones para este colectivo.
La asociación ha señalado que el límite del 2% al incremento de los alquileres, que se aprobó en marzo de 2022 como “medida temporal” en el contexto de la guerra de Ucrania, se ha prorrogado en varias ocasiones hasta extender su validez a todo este año.
Además, Asval ha denunciado que el tope impuesto es contrario a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues esta permite que los alquileres se actualicen con el Índice de Precios al Consumo (IPC).
La asociación considera que esta actualización es necesaria para que los pequeños propietarios protejan su nivel de vida y completen su salario o pensión, y ha matizado que estos se han mostrado “sensibles” ante la situación económica y muchos han negociado soluciones más beneficiosas con sus inquilinos.
Pérdidas de hasta 2.000 euros para los propietarios
Asval ha estimado que los propietarios perderán 2.000 euros por cada vivienda alquilada durante el tiempo que estará en vigor esta medida y ha recordado que más del 75% de los arrendadores españoles posee una o dos viviendas.
“Los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración”, ha apuntado la directora general de la asociación, María Andreu.
La directiva ha puesto también de manifiesto que el tope impuesto en España es el más restrictivo de la Unión Europea y que está generando una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduciendo la inversión en vivienda en alquiler.
Para resolver la falta de vivienda a precios competitivos, Asval ha apuntado a la colaboración público-privada para ampliar el parque social en España y ha destacado que los grandes propietarios se han ofrecido a ceder 25.000 inmuebles al Estado durante 25 años para alquilarlos a un precio un 20% inferior al de mercado.
“Es una solución ágil y eficaz para la situación de emergencia habitacional que enfrentamos, pero aún estamos a la espera de respuesta por parte de la Administración”, ha afirmado Andreu.
