La rehabilitación de viviendas registra un crecimiento interanual del 10,9% en el primer trimestre de 2023, lo que señala que esta actividad “empieza a coger velocidad”, según el secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas.
En su intervención durante la III Gran Jornada Inmobiliaria, celebrada por ‘El Economista’, Lucas ha comentado que 9,3 millones de viviendas en España necesitan rehabilitación, especialmente en materias de accesibilidad o eficiencia energética, y que entre los objetivos del Gobierno está trabajar en ello.
A su vez, Lucas, ha resaltado como otro de los objetivos del Gobierno garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, motivo por el cual se han impulsado las ayudas directas de 1.000 millones de euros o los 4.000 millones destinados a préstamos retornables para el impulso de la vivienda social en colaboración público-privada.
Además, ha mencionado el acuerdo con el Ministerio de Defensa para comprar cerca de 50 cuarteles que se utilizarán para la construcción de viviendas, destacando los proyectos de Campamento, en Madrid o Busquets, en Palma de Mallorca.
Datos de crecimiento en el sector
Según los datos ofrecidos por el secretario de Estado, en el último año el valor añadido bruto de la construcción se ha incrementado en un 5,8%, “recuperando la situación anterior a la pandemia”.
Además, en materia de empleo, en el año 2019 la construcción contabilizaba 1.283.000 trabajadores, mientras que actualmente la cifra asciende 1.383.432 personas afiliadas, con lo que se han superado con creces las cifras pre-pandemia.
En cuanto a la obra nueva, se ha producido un crecimiento interanual del 10,7%, a la vez que las compraventas pasaron de 565.000 transacciones a 650.000 en 2022.
A su vez, los desahucios “están en una tendencia claramente decreciente” y “la morosidad está por debajo de la media histórica”, en palabras de David Lucas.
En su intervención, el secretario de Estado ha aprovechado para subrayar la relevancia de la colaboración público-privada a la hora de conseguir conformar y solidificar el desarrollo del sector inmobiliario, a la vez que se asegura una vivienda “digna, adecuada y asequible” para las familias.
