Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunidos en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarla y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.
El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por quince votos a seis rechazar esa propuesta de informe de Cuesta al aprobar la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas. Asimismo se ha acordado designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
Fuentes del consejo consultadas por Europa Press señalan que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta tienen un evidente “sesgo ideológico” y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.
Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que dado que entienden que no son correctos “múltiples aspectos” del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.
Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora “un evidente sesgo ideológico” que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, avanzan que lo que es evidente es que el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, “sino todo lo contrario”.
Según recoge la nota de prensa emitida por el CGPJ, Lucas –vocal que fue propuesto por el PNV– en sus alegaciones señala las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia -el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas en su artículo 148.1.3º.
El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Recuerda que el informe de Cuesta señalaba que “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.
El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.
El borrador de Cuesta
El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante, entendía que se daba una “falta de concreción” en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran “favorables”. Y agregaba que dado su carácter “básico”, el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.
Según explican desde el CGPJ, en el pleno de este viernes han votado a favor de las alegaciones de Lucas el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
El rechazo del informe imposibilita, como estaba previsto, que el Gobierno pueda aprobar la Ley de Vivienda el próximo martes, 18 de enero, y tendrá que esperar, al menos, hasta febrero, toda vez que el nuevo informe del CGPJ se debatirá el 27 de enero y es obligatorio contar con él antes de aprobar la norma.
Fotocasa pide al Gobierno “no apresurarse” en la aprobación de la Ley
Fotocasa ha pedido este viernes al Gobierno “no apresurarse” en la aprobación de la Ley de la Vivienda y hacer un ejercicio de responsabilidad.
Para el portal inmobiliario, uno de los grandes desacuerdos parece ser el “reparto de las competencias de las administraciones”, dado que la nueva Ley de Vivienda debe convivir con la legislación autonómica dictada en materia de vivienda.
La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, ha reprochado que todavía “no se han tenido en cuenta las aportaciones y valoraciones del sector inmobiliario”, y ha puesto énfasis en la importancia de la visión de los propietarios.
Por otro lado, ha asegurado que la ley debe centrarse en los dos ejes fundamentales que intervienen en el mercado del alquiler, que consisten en ofrecer seguridad a los propietarios y proteger a los colectivos vulnerables.
