La región de Bruselas ha asumido por primera vez la gestión pública de una vivienda vacía en base a una reforma de la normativa que permite alquilar inmuebles privados a ciudadanos que cumplan las condiciones de acceso a una vivienda social, incluso sin el consentimiento del propietario si es necesario.
La reforma, impulsada por la secretaria de Estado de Vivienda de Bruselas, la socialista Nawal Ben Hamou, permite a las autoridades locales y a las agencias de vivienda social a hacerse cargo temporalmente de la gestión de inmuebles que lleven vacíos al menos doce meses y alquilarlos a personas vulnerables para paliar los efectos de la crisis de vivienda que vive Bélgica.
El primer inmueble que la región de Bruselas ha decidido adquirir de acuerdo la nueva normativa es una vivienda unifamiliar situada en el barrio de Woluwe-Saint-Pierre de la capital belga que llevaba deshabitada desde 2014, y ya está en trámite otro medio centenar de expedientes, según informan medios locales.
Para detectar los edificios potenciales se ha creado un inventario online de las viviendas desocupadas que cruza datos como el catastro o el consumo de agua o energía y los complementa con encuestas ‘in situ’ para verificar la información y descartar aquellos que no cumplan los requisitos.
Acto seguido, los inmuebles desocupados injustificadamente se denuncian a las autoridades locales y estas se ponen en contacto con los propietarios para buscar soluciones, pero si existe una clara negativa a cooperar, las autoridades pueden activar su derecho de gestión pública.
Asimismo, la región de Bruselas se ha comprometido a pagar por adelantado las obras de adecuación necesarias para que el inmueble cumpla la normativa hasta un máximo de 1.100 euros por metro cuadrado, una partida que se reembolsará a través de las mensualidades de alquiler durante un periodo mínimo de nueve años.
