Fotocasa celebra que el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado hoy en Consejo de Ministros no incluya medidas en favor de limitar el precio de los alquileres, pese a que este fue el principal escollo para sacar adelante el texto en el mes de diciembre. Pero lamenta que finalmente no se recojan incentivos fiscales a quienes alquilen a precios asequibles.
“Toda medida que suponga impugnar o penalizar al propietario de una vivienda en alquiler puede perjudicar la marcha del mercado, más que favorecerlo. Además, no hay que olvidar que el precio de los alquileres se está normalizando en buena parte del país desde finales de 2018, después de los fuertes repuntes que hemos visto en los últimos años. De hecho, según los últimos datos de Fotocasa, 11 comunidades autónomas registran caídas interanuales en los precios”, señala Beatriz Toribio, directora de Estudios del portal inmobiliario.
En este sentido, lamenta que finalmente no se haya incluido la bonificación fiscal de hasta el 80% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que alquilaran sus viviendas por debajo de los índices de referencia, tal y como se había filtrado en los últimos días. “Para mejorar la oferta de vivienda en alquiler y a precios asequibles necesitamos incentivos fiscales y ahora apenas existen”, añade.
Como novedad respecto al decreto anterior, Fotocasa celebra que se establezca la creación de aquí a ocho meses de un índice de precios estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda. “Toda medida que favorezca la transparencia del sector es bienvenida. Este índice dotará al mercado de más información y complementará -no sustituirá- a la que aportamos los portales inmobiliarios, como ya ocurre en el mercado de la compraventa donde coexisten diferentes estadísticas oficiales (Ministerio de Fomento, INE) y privadas”, explica Beatriz Toribio
Entre las medidas que contempla el decreto, se destaca que se vuelva a los contratos con una duración mínima de 5 años (7 para las personas jurídicas), ya que “no solo da mayor estabilidad al arrendatario, sino también al arrendador que busca seguridad y tranquilidad” y que se limite a dos mensualidades la garantía o aval a la hora de firmar un contrato: “La fianza es la principal herramienta que tienen los propietarios en caso de impago o desperfecto, pero como consecuencia de la fuerte subida de precios, se estaban produciendo ciertos abusos y era una importante barrera para algunos segmentos de la población”.
No obstante, Beatriz Toribio recuerda que “para resolver el problema del acceso a la vivienda en alquiler en España necesitamos medidas de más calado, que pasan por una mayor colaboración público-privada, un plan a largo plazo para aumentar el parque de vivienda social, incentivos fiscales y más seguridad jurídica para inquilinos y propietarios”. Y para ello, añade, “es necesario un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas y contar con el apoyo del sector”.
Nuestro mercado del alquiler necesita “una mayor seguridad jurídica para inquilinos y propietarios” y “las medidas aprobadas hoy están orientadas a proteger sobre todo a los primeros”.
