La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha invitado a CCAA, entidades locales, fuerzas políticas, agentes sociales, ONG, colegios y asociaciones profesionales, entidades financieras, operadores inmobiliarios, asociaciones de consumidores y de vecinos, a que se sumen a la “alianza de país”, que ha propuesto durante su comparecencia en el Congreso.
“Una gran alianza para dar respuesta a un desafío de gran envergadura: el cumplimiento de un derecho constitucional”. A todos ellos les ha convocado a sumarse porque, como ha expuesto, “si queremos facilitar el acceso de los españoles y las españolas a una vivienda digna y asequible es indispensable alcanzar acuerdos desde el diálogo y desde la diferencia si es preciso”.
“Estamos llamados a hacer un ejercicio de madurez democrática para lograr consensos con quienes no piensan igual. Tenemos que ser capaces de superar las diferencias, porque en este caso el acuerdo servirá para mejorar la vida de la gente. Es una buena oportunidad para demostrar que, sumando esfuerzos, con recursos, voluntad y talento podemos dar respuestas eficaces a las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas de este país”, ha remarcado en su intervención.
Despliegue de recursos
La ministra también ha recordado que, para acometer las actuaciones que hay en marcha, “contamos con el mayor presupuesto de vivienda de la historia”. Y en el despliegue de esos recursos se están impulsando medidas de financiación, que el Gobierno pone en marcha a través de las distintas líneas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Entre los diferentes instrumentos que se están activando se encuentran dos que deben conveniarse con el ICO para, directamente o a través de las entidades financieras, dar respuesta a las familias con dificultades en el acceso a la vivienda a precio de mercado, en propiedad o en alquiler, para que encuentren una alternativa en ambas modalidades, pudiendo ser complementarias con otros instrumentos de ayudas directas.
En este sentido, la ministra ha anunciado que “el próximo mes de febrero llevaremos al Consejo de Ministros, para su autorización, dos líneas de ayuda con el ICO”. “Una línea de préstamos para la promoción de vivienda asequible, especialmente en fórmulas de colaboración público-privadas, herramienta imprescindible para movilizar financiación a precio más reducido que el del mercado. En total, 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. Otra línea de avales del 20% dirigida a jóvenes y familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte de los préstamos hipotecarios, por un importe de hasta 2.500 millones de euros”, ha detallado Isabel Rodríguez ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Reforzar la oferta de vivienda asequible
Uno de los grandes objetivos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es reforzar la oferta de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada que permitan movilizar viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible. Por eso, “el Gobierno va a trabajar para contribuir al cumplimiento de la función social de la vivienda”.
“Se trata de desarrollar el artículo 25 de la Ley de Vivienda, explorando vías para incrementar la oferta de vivienda allí donde se necesite. Algunas comunidades ya han dado pasos en la colaboración público-privada”, ha expuesto Isabel Rodríguez. Y entre los ejemplos que ha citado: el programa del Gobierno vasco Vivienda Vacía Bizigune para dar un uso social a las viviendas deshabitadas, al mismo tiempo que ayuda al propietario a incorporar su vivienda al mercado, garantizándole el cobro de la renta, y el compromiso de que el inmueble se le devolverá en buen estado. Desde su puesta en marcha, este programa ha permitido movilizar 7.200 viviendas en alquiler social.
También, a través de la colaboración público-privada, en Extremadura se puso en marcha hace un par de años el programa piloto Rehabita. Consiste en rehabilitar viviendas vacías de propietarios privados para que puedan volver a ser habitadas y posteriormente ponerlas en alquiler a precios asequibles. Previamente, los propietarios las deben ceder en usufructo durante un tiempo, y los ingresos que se perciben del alquiler se invierten en nuevas rehabilitaciones. “Creo que el programa está contemplado en los últimos presupuestos extremeños, lo cual me parece una buena noticia”, ha celebrado la ministra.