La facturación agregada de las cuarenta principales sociedades inmobiliarias españolas fue en 2021 de 11.570 millones de euros, cifra que se situó un 27,6% por encima de la contabilizada en 2020, según el observatorio sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).
Una vez superado el impacto negativo de la pandemia, el sector inmobiliario recuperó la tendencia alcista, con un fuerte repunte de la inversión en un contexto de alta liquidez y bajos tipos de interés, aunque esta situación ya se ha dado la vuelta en 2022.
Respecto al valor de la producción del sector de la construcción en el segmento de viviendas, superó en el año 2021 los 66.000 millones de euros. La finalización de trabajos iniciados antes de la pandemia propició un aumento del 8,2% del número de viviendas terminadas, mientras que las viviendas iniciadas aumentaron un 28,5%.
Por el lado de la demanda, los bajos tipos de interés y la alta liquidez impulsaron las operaciones de compraventa un 38,3%.
En cuanto al valor de la producción del sector de la construcción en el segmento de otros edificios y construcciones, creció un 8,1% en 2021, hasta los 55.900 millones, recuperando parte de la actividad perdida en 2020.
El mercado inmobiliario no residencial también registró un buen comportamiento, destacando la reactivación del segmento de oficinas y las inversiones en espacios logísticos y turísticos, entre otros.
En enero de 2021 estaban inscritas en los epígrafes correspondientes al sector inmobiliario de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) más de 194.000 sociedades, cifra ligeramente inferior a la contabilizada un año antes.
El sector presenta una elevada atomización de la oferta, contando con un alto número de pequeñas empresas. El 95% tiene menos de tres empleados (incluyendo empresas sin asalariados) y solo un centenar de compañías cuenta con 50 trabajadores o más en plantilla.
A pesar de que en la primera mitad de 2022 el sector mantuvo un buen ritmo de inversión, las perspectivas apuntan ahora a una significativa ralentización de la actividad inmobiliaria, ante el deterioro del contexto económico, el ascenso de los tipos de interés, el crecimiento de los costes de producción y la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada inflacionista.
