El plan que ha presentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para destinar 6.800 millones de euros a la rehabilitación de viviendas con financiación procedente de los fondos europeos prevé la creación de 188.000 empleos para todo el periodo que dure el proyecto.

A este impacto positivo en el empleo se suma la contribución esperada de 13.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB), con la previsión de realizar 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y alcanzar las 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030.

Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, en una ponencia organizada por el Consejo General de Economistas, en la que ha destacado el efecto que este plan también tendrá en el ámbito medioambiental.

En concreto, además del impacto económico que representará, los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 650.000 toneladas al año, es decir, una reducción media del consumo de energía no renovable del 40% del total.

A todo esto también se sumará, según ha destacado Saura, el impacto social, que se traducirá en una reducción de la pobreza energética, en abaratar el coste de servicios energéticos básicos, mejorar los entornos rurales o en una mayor integración social, así como en una repercusión sobre el sector de la construcción, al apoyar su industrialización, digitalización, el mejor tratamiento de residuos o en la formación de capital humano de las empresas.

El secretario de Estado ha asegurado que este programa de rehabilitación “aúna como ningún otro plan” el efecto transformador que persigue el Gobierno sobre la sociedad, la economía y la reducción de gases de efecto invernadero con el objetivo contracíclico que tienen todos los planes del Ministerio que dirige José Luis Ábalos.

A los 6.800 millones de euros dedicados a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana se unirán los más 1.000 millones destinados la política de vivienda de alquiler social, acumulando un total de casi 8.000 millones dirigidos al sector de la construcción.

Impulso a la rehabilitación

Saura ha explicado que la rehabilitación no ha funcionado en España en el pasado por varios factores, como el predominio de la vivienda plurifamiliar (edificios), que representa el 72% del total en la vivienda principal y hace que la decisión forme parte de un proceso colectivo en las comunidades de vecinos.

Además, ha contado con dificultades de financiación por esta misma razón, ya que las comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia, suponiendo una dificultad añadida para recibir préstamos. También afecta el clima en varias zonas de país, donde la rentabilidad de la rehabilitación es menor.

Por todo ello, este programa plantea subvenciones y deducciones por valor de 3.420 millones de euros tanto a nivel barrio como de edificio y vivienda, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo una rehabilitación.

Del lado de las deducciones, estas alcanzaran el 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética ‘A’ o ‘B’.