El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, sin votos en contra, el decreto ley del Gobierno que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para sacarlo adelante, el Gobierno ha contado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el BNG, el PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP, Vox, UPN y Foro Asturias se han abstenido.

Asimismo, la Cámara Baja ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a su modificación a partir de enmiendas de los grupos.

Sánchez pide a ayuntamientos y comunidades autónomas revisar sus normas

Durante la defensa de su decreto ley, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha llamado a los ayuntamientos y comunidades autónomas a revisar los “cuellos de botella legales” en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios “alcancen sus objetivos deseados”.

A estos “cuellos de botella” ha atribuido la ministra el “recorrido limitado” de este tipo de programas, provocando, ha dicho, una tasa media de rehabilitación efectiva de entre ocho y diez veces menos por debajo de la media del entorno europeo. Todo ello teniendo más de la mitad de edificios residenciales construidos antes de 1980, y más del 80% con muy baja calificación en consumo energético.

Incentivos de hasta el 60 % en el IRPF

Para acabar con estas “rigideces” legales, el Gobierno modifica en el decreto ley la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acuerdos por mayoría para realizar obras de rehabilitación o recibir ayudas, y también la Ley de Suelo, reforzando la capacidad jurídica de las comunidades de propietario para recibir créditos.

Respecto a los incentivos fiscales, se prevén 450 millones de euros para financiar deducciones del 20%, el 40% y el 60% en el IRPF, hasta un máximo de 5.000 euros, 7.500 euros y 15.000 euros, respectivamente, según la mejora de eficiencia energética alcanzada en vivienda habitual o edificios residenciales. Asimismo, el decreto ley prevé que no se integren en la base imponible de este impuesto las ayudas contempladas en el decreto, así como las aprobadas anteriormente para la rehabilitación.

Las medidas llegan tarde, critica el PP

Por parte del PP, Ana María Zureta ha lamentado que las medidas llegan “tarde” y que todo el presupuesto en vivienda, la mayor inversión en vivienda de todos los tiempos”, 2.250 millones de euros, que “se quedó en propaganda y fuegos de artificio”. Todo por suponer muchos programas, ha lamentado, “una patada hacia adelante” a comunidades y ayuntamientos, que esperaban concreciones para desarrollarlos.

El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha invitado al Gobierno a reconsiderar su política de incentivos fiscales pues, ha recordado, elimina o los limita esgrimiendo que benefician principalmente a rentas altas y a los contenidos en este decreto no van a optar los primeros tramos de renta que, ha dicho, en muchos casos ni son propietarios.

Otras formaciones, como Ciudadanos, Esquerra Republicana y el PNV, han agradecido las modificaciones para avalar en las comunidades de propietarios los programas, pero ven necesario complementarlas con ayudas para aquellas personas que se pueden oponer a las mismas por no poder hacer frente a estas inversiones.

Medidas para acabar con la brecha entre pequeñas y grandes ciudades

También ha pedido modificaciones Teruel Existe, cuyo diputado, Tomás Guitarte, ha pedido incluir vivienda frecuente, además de la habitual, pues esta predomina en pequeños municipios, incidiendo en que existe una brecha socioterritorial entre estas locales y las grandes ciudades en materia de rehabilitación.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha lamentado como “cicateras” las medidas para incentivar la rehabilitación, en comparación con otros países europeos que han apostado por permitir deducciones a las empresas constructoras, tanto en sus impuestos como cotizaciones.