La Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat) ha sugerido que se vinculen las ayudas del Plan de Recuperación destinadas a la rehabilitación de viviendas a la limitación de la demanda energética.
El Gobierno aprobó el reparto de los más de 1.600 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se destinarán a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos a través de las distintas comunidades autónomas. Estas ayudas serán reguladas a través del Proyecto de Real Decreto presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En este proceso de participación pública ha colaborado Andimat que ha realizado alegaciones a este texto, entre las que destacan “la ausencia de una referencia explícita al concepto de ‘energy efficiency first’ impulsado en todas las políticas de la UE y nacionales, atendiendo al principio básico de que no existe una energía más limpia ni más económica que aquella que no se utiliza”.
Aunque la rehabilitación energética tiene unos condicionantes diferentes a la obra nueva, desde Andimat defienden que podría asumirse el indicador de energía primaria no renovable, pero siempre acompañado de uno de limitación de la demanda.
Sin embargo, el proyecto de Real Decreto no incluye la limitación de la demanda energética en los criterios de acceso a las ayudas, un indicador relevante que sí se tiene en cuenta tanto en los programas de la Unión Europea como en la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética (ERESSE) enviada por España a Europa.
Para Luis Mateo, director general de Andimat, “lo lógico sería vincular las ayudas del proyecto del Real Decreto a reducir el consumo de energía primaria total, no sólo a la energía primaria no renovable. Entendemos, que debe incluirse en todos los programas, excepto al referido a la construcción de viviendas en alquiler social, un indicador de limitación de la demanda para el acceso a las ayudas”.
La justificación de las actuaciones realizadas en base a los ahorros energéticos obtenidos es una exigencia para la concesión de las ayudas que llega de Europa. Sin embargo, según Andimat, el proyecto de Real Decreto deja a la libertad del beneficiario la aportación de un informe por parte de un auditor.
Para el director general de esta asociación, “si no se hacen controles en obra de las actuaciones, entre otras de aislamiento, se corre el riesgo de que los resultados a nivel de ahorro de energía no sean los esperados en el proyecto. Y esto puede ser un problema al presentar la justificación de los programas a la UE”.
Por último, Andimat sugiere en las alegaciones que se establezca un plazo de un mes para el pago de las ayudas, ya que “puede generar desconfianza tanto para los ciudadanos como para el sector de la rehabilitación habida cuenta de experiencias pasadas con programas similares”.
Añade que su “experiencia como entidad que ha gestionado Planes Renove nos indica que uno de los aciertos fue el pago de la ayuda en dos semanas, una vez comprobados todos los requisitos técnicos y administrativos del programa”.