La Asociación Nacional de Distribuidores de Materiales para la Construcción, Rehabilitación y Reforma (Andimac) ha propuesto sancionar a los municipios que no toman medidas directas para proteger tanto el patrimonio como la seguridad a largo plazo de los millones de ciudadanos que habitan viviendas con más de 50 y 60 años de antigüedad.
Según datos de la patronal, cerca del 55% del parque edificado es anterior a 1979 y alrededor del 21% tiene más de 50 años de antigüedad, y a partir de la próxima década la gran mayoría no podrá salir al mercado por no cumplir los requisitos mínimos en materia de eficiencia energética.
Por ello, ha reiterado la importancia de alcanzar un acuerdo de Estado que permita revertir el déficit estructural en materia de rehabilitación edificatoria, lamentando que la tasa de rehabilitación en España apenas llega al 0,12% del parque, cuando debiera situarse en el 1,2%.
En paralelo, la patronal indica que la falta de conocimiento por parte de la sociedad respecto a la importancia de rehabilitar sus propiedades tanto en términos económicos como de su propia seguridad puede tener un peso notable en el fracaso histórico de este tipo de políticas.
El programa de ayudas a la rehabilitación es uno de los cinco pilares sobre los que se articula la rehabilitación integral residencial incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado de 3.420 millones correspondientes a fondos europeos.
“Los ayuntamientos deberían aprovechar la llegada de los fondos europeos para impulsar los informes de evaluación de edificios (IEE), o ser sancionados por ello: los documentos que avalan o marcan el camino para garantizar el buen estado de conservación del inmueble y la seguridad de los ciudadanos”, ha señalado el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero.
