Directivos de empresas inmobiliarias han coincidido este miércoles en que la reciente Ley de vivienda no resuelve la “acuciante” y creciente necesidad de pisos en España, sino que la solución pasa por la colaboración público-privada y por agilizar la gestión urbanística, en vez de controlar precios.

La XXIV Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni ha abordado este miércoles el impacto de la reciente Ley de Vivienda, con el CEO de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce (también vicepresidente del Club Inmobiliario Esade); el consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez; el vicepresidente de Testa Homes, Miguel Oñate, y la secretaria de vivienda del PP, Ana Zurita.

Mendiluce, que ha expuesto las conclusiones del debate, ha advertido del creciente problema de vivienda: “Estamos hablando de 200.000 familias (más de 400.000 personas) de saldo neto migratorio anual a partir del año que viene y que suma año a año esta cantidad”.

Ha avisado de que “esto va a crear una disrupción brutal en el mercado de la vivienda”, además de disrupción en el mercado laboral, por lo que ve necesaria políticas transversales, como económicas, habitacionales, laborales y de servicios sociales.

Considera urgente que haya viviendas para afrontar este saldo migratorio que se suma a las personas que ya tienen emergencia habitacional, algo que “no aborda” la Ley de vivienda.

Ha añadido que la solución pasa por una colaboración público-privada “de verdad”, y ha recordado que ya hay programas de colaboración que pueden contribuir.

También ha constatado un problema de dotación prespuestaria: “No podemos estar gastando 0,2% del PIB y Francia seis veces más. No tiene sentido”.

Voluntad y dotación presupuestaria

Para él, la receta es poner voluntad y dotación presupuestaria: “Si calculamos las externalidades negativas de todo el drama que estamos viviendo en desahucios, ocupaciones ilegales etcétera, en un cálculo bien hecho desde el punto de vista de impacto, de externalidad negativa, del sector público y del privado, las recetas son todas gratis”.

También ve clave agilizar la gestión urbanística, teniendo en cuenta la “descentralización, duplicidad y triplicidad administrativa, que no es normal”, por lo que ve necesario mejorar la tramitación del suelo, sobre todo del más urgente.

En cuanto al control de precios, lo ha calificado de medida antiprogresista porque “reduce la oferta y perjudica a los más necesitados, y no sólo por vía de reducción de oferta, sino porque los que pagan menos van a acabar pagando el límite de precios, y por tanto se produce el efecto contrario”.

“Esperamos que, por cambio político o por cambio de raciocinio de los políticos que actualmente gobiernan, cambie esta ley. Es algo que se está pidiendo desde el sector”, ha concluido.

David Martínez (Aedas Homes)

Martínez ha constatado que España es un país pobre con mucha deuda pública y privada que necesita atraer capital: “Si estamos legislando en contra de un marco seguro, estable, creíble, va a ser muy difícil” atraerlo, y ha advertido de que sólo para fabricar 100.000 viviendas hacen falta 25.000 millones de capital social para empezar.

“No nos hace falta una ley; lo que nos hace falta son 2 millones de viviendas”, y el suelo es clave y no lo hay: ha calificado de heroico invertir en suelo actualmente, por lo que ha pedido flexibilizar los trámites de fabricación de suelo, algo que considera sobre todo de ámbito autonómico y local.

Al ámbito estatal le ha pedido dar seguridad jurídica al proceso de transformación urbanística: ha ironizado con la nueva profesión del ‘abogado extorsionador francotirador’, que “cada vez que se aprueba un instrumento administrativo, presenta un recurso, a ver si aparece ahí algo”, lo cual desincentiva al inversor.

Miguel Oñate (Testa Homes)

Oñate ha dicho que la reciente ley surge de disenso entre partidos y en el sector, además de ser cortoplacista y aprobarse con interés electoral, según él, y ha añadido que esta norma llega sin una política de vivienda que aplicar.

También ha lamentado que el dueño de una vivienda alquilada que tiene un problema con el inquilino está indefenso con esta ley de vivienda, y ha aludido después a las ocupaciones.

“Se obliga al juez a poner exactamente el día y la hora en que se tiene que producir el lanzamiento. ¿Con qué finalidad? Pues exclusivamente con la finalidad de que pueda haber una oposición física a la ejecución y, por tanto, que otra vez más, se suspenda”, ha dicho.

Ana Zurita

Zurita ha asegurado que el control de rentas no se aplicará jamás con un gobierno del PP, que la reciente Ley de vivienda no solucionará nada y que el partido está estudiando si esa ley sería derogada totalmente si alcanzan el Gobierno.

En cambio, ha recordado que el candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, propone que se alcance un gran pacto por la vivienda que armonicen absolutamente las actuaciones estatales, autonómicas y locales para conseguir seguridad jurídica, y que cuente con el sector privado.