El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe de recomendaciones para combatir la criminalidad financiera y la evasión fiscal en el que, entre otras cosas, pide a países como España que acaben con las leyes que permiten obtener visados de residencia o incluso la nacionalidad a cambio de inversiones importantes como la compra de viviendas de lujo.
A juicio de los eurodiputados, estos programas “deben desaparecer”, especialmente los de Malta y Chipre, dadas las “escasas exigencias” que se requieren a los solicitantes. En la actualidad, estos dos países y Bulgaria son los únicos que conceden “pasaportes dorados” con los que conceden la nacionalidad a cambio de grandes inversiones, mientras que un total de 20 Estados miembros, incluido España, tramitan permisos residencia para extranjeros en condiciones similares.
En el caso de España, la ley de 2013 para el apoyo a emprendedores permite conceder visados de residencia para inversores a los extranjeros no residentes que “se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital”.
Entre los requisitos de dicha ley figura la compra de bienes inmuebles por valor de al menos 500.000 euros, pero también otras inversiones como, por ejemplo, invertir más de un millón de euros en empresas o depósitos en bancos españoles o más de dos millones en deuda pública española.
En concreto, los eurodiputados han sacado adelante con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones el informe elaborado por la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal, creada hace un año tras las filtraciones de ‘Luxleaks’, los papeles de Panamá, ‘Football Leaks’ y los ‘papeles del Paraíso’.
La Eurocámara, en general, pide una revisión “en profundidad” de los mecanismos europeos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mediante la mejora de la cooperación entre las autoridades implicadas, ha informado la institución comunitaria.
El informe critica que los Estados miembros “no muestran voluntad política para acabar” con estas prácticas fiscales y señala particularmente a Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Chipre, Malta y Hungría, a los que acusa de tener “lagunas” en su legislación que facilitan la planificación fiscal agresiva.
Además, los eurodiputados han propuesto la creación de una policía financiera europea, enmarcada dentro de Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, y de una unidad de inteligencia financiera. En el ámbito internacional, han recomendado el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en fiscalidad.
En la misma línea, el Parlamento Europeo ha reclamado la prohibición de las llamadas ’empresas pantalla’ y ha pedido reforzar la protección de personas que informen a las autoridades sobre casos de evasión fiscal y periodistas de investigación.
