La acomodación de las rentas de alquiler, a la baja, está provocando que los contratos de alquiler se rompan antes de tiempo y que los inquilinos no lleguen a la duración máxima que permite la LAU, a cinco años, o hasta siete años, si el propietario es una persona jurídica. “Estamos comprobando que la duración media de cada alquiler es en estos momentos de 3 años, y que los inquilinos están resolviendo anticipadamente los contratos, porque se quieren mudar, principalmente, a otras viviendas más baratas, entre 50 y 100€ menos, y que además se acomoden a las nuevas situaciones generadas por la COVID-19. Por lo tanto, hay una alta rotación en el alquiler en este momento, lo que está provocando una gran movilidad en el mercado de arrendamientos urbanos”, afirma Borja de Andrés, Director Comercial de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
“La demanda sigue siendo muy alta, y desde la Agencia Negociadora del Alquiler estamos alquilando el 50% más de viviendas, comparando el período que va desde enero a mayo 2021, con respecto a enero-mayo 2020”, comenta su Director Comercial. Además, comenta Borja de Andrés, “los plazos para arrendar una vivienda, debido al aumento de la oferta, se han alargado desde los 20 días que más o menos se tardaba antes, hasta una horquilla entre 30 y 40 días, que se tarda actualmente”
En cuanto a la selección del inquilino, “los propietarios ya no quieren incluir a cualquier inquilino en sus viviendas. Se han vuelto mucho más selectivos a la hora de elegirlos, les exigen más garantías para mitigar posibles situaciones de ocupación y en muchos casos prefieren esperar y bajar los precios, si a cambio tienen un inquilino más seguro”, asevera Borja de Andrés.
Los propietarios siguen preocupados por la inseguridad en el alquiler
“Los propietarios particulares nos trasladan cada vez más, su sensación de inseguridad jurídica, ante la avalancha de cambios que se han vivido en el alquiler y tienen serias dudas sobre el futuro de su arrendamiento y si será viable seguir poniendo su vivienda en alquiler, con las reformas que están proponiendo desde el Gobierno, casi todas en perjuicio de los arrendadores”, comenta el Director Comercial de ANA.
“A los propietarios particulares no les agrada ser el centro del debate sobre el acceso de la vivienda, asegura Borja de Andrés, y que se les haga, en cierto modo, responsables de las carencias que hay actualmente en el mercado del alquiler, cuando deberían ser las Administraciones Públicas las que se ocuparan de solucionar el problema, por un lado aportando soluciones en materia de vivienda pública y por otro, incentivando la oferta de viviendas en alquiler y no penalizándola”.
