El PP ha propuesto en su programa electoral un plan de avales destinado a jóvenes de hasta 35 años, a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda.
Se trata de la principal medida que los ‘populares’ plantean en su programa electoral para facilitar el acceso a una primera vivienda. A su vez, guarda similitudes con la propuesta del Gobierno para que el ICO avale el 20% de la hipoteca a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo.
En el documento, los ‘populares’ también proponen un Pacto de Estado sobre la vivienda que cuente con la participación e implicación de las comunidades autónomas y entidades locales. En este pacto, el PP quiere buscar soluciones conjuntas para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente.
En el marco de este pacto estatal el PP indica también su intención de derogar la Ley de Vivienda, ya que considera que “ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”.
Sumadas a estas iniciativas, el PP plantea movilizar el suelo de titularidad pública destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible. Por último, los de Núñez Feijóo quieren promover la vivienda social, con objetivos “coherentes” y “realistas”, como elemento “fundamental” para hacer frente al problema de la vivienda en España.
Medidas anti-okupación
Por otro lado, el PP dedica un apartado especial en su programa a la ‘okupación’ y a medidas concretas para agilizar los desalojos. Así, plantean que estos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas.
Además, el PP promete que las viviendas ocupadas ilegalmente no serán objeto de carga tributaria e impedirán que los ‘okupas’ ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados.
A estas medidas les acompañarían unas oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados; un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal.
También propone el PP crear unidades de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, así como Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos.
Las penas por usurpación, hasta 3 años de cárcel
Los de Núñez Feijóo también quieren reforzar las penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta tres años de cárcel, además de mejorar la protección legal frente a la actuación de las “mafias”, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones.
En este marco, se dotaría a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar “acciones preventivas” contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades.
Ya por último, el PP promete promover la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local con el fin de que la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho.
