El consejo general de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) ha alertado de que la legislación en materia de ‘okupación’ de viviendas es “confusa y nada clara para poder actuar con diligencia y rapidez” ante este fenómeno, por lo que ha reclamado un Pacto de Estado para dar una solución a este problema.

En un comunicado, los agentes de la propiedad han apuntado que el incremento de los casos de ‘okupación’ registrados en España se debe a la “laxitud y la poca claridad de la ley”, ya que los procesos judiciales actuales suponen unos costes muy elevados y una perpetuación en el tiempo del delito de ‘okupación’ que no ofrece ninguna garantía a los propietarios, lo cual da muchas alternativas a los ‘okupas’ para invadir la propiedad ajena con “total impunidad”.

Así, el tesorero del consejo general y presidente del Coapi de Madrid, Jaime Cabrero, ha afirmado que es necesario un Pacto de Estado en el que todos los agentes sociales, políticos y técnicos que intervienen en el funcionamiento del mercado puedan reunirse, llegar a un consenso y alcanzar una solución efectiva y a largo plazo.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de establecer una clara definición de los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues en estos momentos el marco jurídico es “muy indeterminado y cambiante, por lo que la resolución de los procesos judiciales se eterniza”.

Por su parte, la responsable del área de Asesoría Jurídica del consejo general de los Coapi de España, Montserrat Junyent, ha puesto el foco en el “efecto negativo” que ha tenido la tolerancia a la hora de legislar sobre vivienda en España, lo cual ha dado pie al auge de la ‘okupación’ ilegal de viviendas al amparo de la supuesta vulnerabilidad de algunos colectivos.

“La okupación de viviendas es una problemática que el sector inmobiliario arrastra desde hace años y que vive en estos momentos su punto más álgido, ya que el sistema judicial español registra cada día más casos de ‘okupación’ de viviendas, en especial de segundas residencias, siendo las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Canarias, Murcia, Valencia y Madrid las principales afectadas”, han señalado desde el consejo general de los Coapi.