El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pasa ahora a tramitarse en el Senado.
La iniciativa tiene origen en un decreto ley aprobado por el Gobierno en octubre y tramitado como proyecto de ley por el Congreso tras su convalidación. Tras su aprobación, únicamente volverá a la Cámara Baja para votar los cambios que introduzca el Senado, si los hubiese.
Para su aprobación, el proyecto ha contado con el apoyo del PSOE, el PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el BNG. Junts y la CUP se han abstenido mientras que Esquerra Republicana ha sido la única formación en votar en contra.
Deducciones, avales y facilidades a la inversión
La ley contiene nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aplicables a las cantidades invertidas en rehabilitaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de la vivienda, y una nueva línea de avales para la financiación de las reformas.
Además, contempla modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley del Suelo, como facilitar los acuerdos en las comunidades de propietarios, con mayoría simple y no de tres quintos, para realizar obras de mejora de eficiencia energética, de instalación de energía renovable o la solicitud de ayudas, subvenciones, préstamos o cualquier instrumento de financiación para estas obras.
También se establecen garantías para facilitar la recuperación de cuantías pendientes de pago, contemplando el arbitraje y la posibilidad de solicitar el embargo preventivo en caso de oponerse el deudor a la petición del proceso monitorio, acordándolo el tribunal sin necesidad de depositar una garantía.
La oposición cuela una enmienda con exenciones fiscales
Por otro lado, se introduce el principio de eficiencia energética primero para priorizar estas soluciones en la planificación y las decisiones de inversión y se da plena capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para solicitar estos préstamos o ayudas para estas inversiones.
Finalmente, en contra del criterio del Gobierno, se ha aprobado eximir de tributar en el IRPF las subvenciones y ayudas recibidas por autoconsumo, almacenamiento e instalaciones térmicas en edificios con cargo a los fondos europeos.
Dudas en el PP sobre el alcance de la norma
La portavoz de Vivienda del PSOE, Eva Bravo, ha destacado la importancia de esta regulación para cumplir con los objetivos de rehabilitación marcados en el Plan de Recuperación, que contempla 7.000 millones de euros en inversiones de este tipo, con 1.389 millones de euros ya repartidos en las comunidades con los vigentes Presupuestos.
Sin embargo, su homóloga en el PP, Ana María Zurita, ha puesto en duda la capacidad de esta norma para llevar a cabo una necesaria transformación, pues la desgravación más ambiciosa se limita a un objetivo de eficiencia muy limitado –“Para ventanas y bombillas”, ha dicho– y ha destacado cómo de los 1.151 millones en fondos transferidos apenas hay convocatorias por 165 millones en cinco comunidades.
Pilar Garrido, de Unidas Podemos, ha celebrado la aprobación de la norma, con la que cree que se “solventa una deuda histórica con la eficiencia y el ahorro energético” que, a su juicio, no ha contado con la “atención necesaria”. “Esta ley afecta a los derechos de las personas y su calidad de vida”, ha enarbolado.
Las comunidades con menos renta no podrán beneficiarse
Sin embargo, Inés Granollers, de ERC, único partido que ha votado en contra, ha destacado cómo las medidas contempladas dejan fuera a las personas con más recursos, pues para ser beneficiaria únicamente pueden acceder personas o comunidades que cuentan con estos recursos.
Asimismo, ha lamentado que el Gobierno haya rechazado incluir mejoras en el acceso a estas ayudas y también una salvaguarda para que toda obra con recursos públicos no pueda traducirse luego en subidas del alquiler.
“Los propietarios con rentas más modestas van a tener muchísima dificultad para completar las deducciones“, ha compartido, por su parte, Ferran Bel, del PDeCAT, que en todo caso ha celebrado los cambios en el proceso para que las comunidades puedan cobrar impagos y que se señale en las reformas la obligación de que deben ser compatibles con el respeto medioambiental.
La norma también contempla la creación de la una Escala Superior de Especialistas en Transportes, Infraestructuras y Seguridad en organismos y agencias estatales del Ministerio de Transportes, una modificación en la escala de titulados superiores de los organismos del Ministerio de Industria, y el traspaso del Instituto Social de la Marina al Cabildo de Lanzarote para facilitar su rehabilitación.
