En el caso de sufrir la ocupación de una vivienda, el procedimiento legal contra esa situación puede ser largo y tedioso. Por eso hay quien opta por contratar los servicios de una empresa de desocupación. Sus prácticas, en ocasiones, pueden rozar la legalidad, pero suponen una alternativa más rápida para poder volver a disponer del inmueble. 

Nos ha dado más detalles Pepe Piñar, abogado especializado en el sector inmobiliario, en uno de los cursos de Fotocasa Pro Academy.

Empresas de servicios

Las empresas de desocupación son empresas de servicios. “Las puede montar cualquiera, no requieren ningún tipo de licencia especial”, indica al abogado. Sus propuestas y honorarios varían en función de la complejidad de cada caso y de las características de las viviendas. “Si se quiere poner en alquiler, por ejemplo, se calcula qué beneficio se puede obtener si se recupera la vivienda rápidamente en vez de tener que esperar a que se resuelva el procedimiento judicial para desalojarla, y se ofrece un precio que resulte beneficioso para el propietario. “Si se espera al procedimiento judicial, con suerte se resolverá en diez meses o un año, y puede ser aún mucho más; si se recupera la vivienda enseguida se evita pagar a un abogado y poder volver a disponer de ella para alquilarla o venderla”. 

Métodos de mediación

Algunas empresas de desocupación ofrecen lidiar con este problema mediante la mediación. Desde la negociación directa con los ocupas a ofrecer indemnizaciones, ofrecer ayuda para contactar con los servicios sociales correspondientes o incluso pagarles la mudanza o unos primeros meses de alquiler en otro alojamiento para que abandonen la vivienda ocupada. “Es cuestión de hacer números: si se va a obtener beneficio de alquilar ese inmueble, por ejemplo, puede salir a cuenta indemnizarles para que se vayan cuanto antes”, explica Piñar. 

Métodos de control de acceso a la propiedad

Si la mediación no ha sido efectiva, hay empresas de desocupación que ofrecen medidas más drásticas. Cabe recordar que, una vez ocupada la vivienda, se convierte en morada de los ocupantes, que pueden proteger así tanto sus enseres personales como su intimidad. No se puede volver a cambiar la cerradura aunque se tenga la propiedad del inmueble. Algunas de estas medidas, por tanto, pueden rozar la ilegalidad. 

Los métodos de control de acceso a la propiedad se basan en esperar a que los ocupantes salgan temporalmente de la vivienda y colocar a un vigilante de seguridad (o cualquier otro empleado) que les impida volver a entrar. Jurídicamente es arriesgado, “porque en la práctica supone entregarle el control de la titularidad de la vivienda a una empresa que no tiene la condición ni de autoridad ni de funcionario, y varios jueces han puesto en duda esta manera de funcionar”, explica Piñar. 

“Ahora mismo, ante la falta de jurisprudencia clara y uniforme, estas empresas corren el riesgo de cometer un delito leve de coacciones, que lleva aparejado una pena de multa. Pero en algunos casos puede que incluso ya contemplen esta posibilidad en sus propios honorarios”, clarifica el abogado. 

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