Nota de Prensa de COAPI Madrid
La Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda agrava los temores de freno a la inversión y no logra despejar la incertidumbre que ha generado su tramitación durante los últimos meses, por la adopción de medidas intervencionistas como es la limitación de las rentas del alquiler la inseguridad jurídica creada en torno a los desahucios, lo que anuncia un impacto negativo en todo el mercado: la restricción de oferta de vivienda para alquiler y la contracción en la compra de vivienda. El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM)entiende que además se ha perdido una gran oportunidad para regular la actividad inmobiliaria.
La limitación de las rentas a través de diferentes fórmulas y ampliando el impacto de la influencia de las denominadas zonas tensionadas para los contratos de alquiler provocará, además de restricción de oferta disponible y consiguiente subida de precios en los arrendamientos, una reticencia añadida en las decisiones de compraventa de vivienda, que es una de las opciones principales para la inversión en nuestro país por su valor refugio ante la inestabilidad financiera. Ante el impacto negativo que supondrá en el alquiler y compraventa de vivienda, el texto finalmente aprobado confirma los temores que se han venido advirtiendo en meses anteriores, ya que creará un obstáculo que interrumpirá el dinamismo inversor del mercado observado en 2022 – después de haber logrado la recuperación tras el Covid19 –.
La ausencia de regulación de la actividad inmobiliaria, dejando fuera a los profesionales que intervienen en las operaciones, genera una falta de garantías y de inseguridad jurídica que perjudicará a los consumidores y usuarios en el mercado inmobiliario. Otro factor negativo de esta ley es que el legislador, en un desmedido celo y afán proteccionista hacia el arrendatario y el comprador, impone una información previa que provocará muchas incidencias en el mercado, ya que afectará a los servicios profesionales prestados por los operadores.
Por otra parte, los requisitos excesivos impuestos en los procedimientos de desahucio atentan contra la seguridad jurídica y dificultan la recuperación de la vivienda, ya que alargan artificialmente los plazos de acceso al inmueble generando pérdidas a los propietarios y vulnerando su derecho a la propiedad privada.
Por último, el pretendido impulso de la vivienda pública protegida para alquiler con un objetivo social, siendo un objetivo loable de la ley, está recogido en la nueva ley ofreciendo facilidades a las autonomías para realizar convenios que permitan sacar adelante las promociones, pero solo incluye una referencia genérica a la colaboración público – privada condicionada a requisitos regulatorios en el entorno de un fondo de vivienda asequible, lo que puede impedir el dinamismo en este ámbito.
Todo ello dibuja un escenario intervencionista que frenará la inversión, desvirtúa el mercado del alquiler y creará inseguridad jurídica a los consumidores y usuarios por la falta de regulación de la actividad profesional de los operadores inmobiliarios.
