El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto en las hipotecas y nunca más los clientes.
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) se muestra “favorable” a la reforma legislativa del Gobierno para que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), si bien pide que los costes de las entidades no acaben repercutidos de forma indirecta en las hipotecas y más medidas que protejan al ciudadano en las compraventas.
La patronal del sector de la mediación inmobiliaria alerta, sin embargo, del riesgo “de que de una forma u otra el ciudadano acabe asumiendo el sobrecoste que la modificación legislativa anunciada traslada a la banca”.
En este sentido, Fadei recuerda que “el derecho a la vivienda está protegido por la Constitución” e incide en que “la mayor parte de las hipotecas afectan a operaciones para la adquisición de viviendas destinadas a convertirse en la residencia habitual de sus compradores”. Por ello, cree que hay que dotar de la máxima protección y seguridad a los ciudadanos, no sólo en lo que atañe al préstamo hipotecario, y arbitrar medidas de garantía para todo el proceso de compraventa.
Por otro lado, para la patronal la rápida reacción del Gobierno “evita la temida retroactividad a la que el primer criterio del Tribunal Supremo podría haber dado lugar”, sin embargo cree que “el tema no queda resuelto definitivamente”, puesto que hay que tener presente que la sala primera de lo Civil del Supremo ya ha resuelto otros procedimientos similares, de manera que “esa vía se mantiene abierta para todos los titulares de préstamos hipotecarios ya suscritos.”
Fadei ve “difícil” cuantificar de forma fidedigna el impacto en el sector de todo lo acontecido desde el 16 de octubre, por lo que espera los datos oficiales de las firmas de hipotecas de los meses de octubre y noviembre para hacer balance. En todo caso, considera que la paralización se mantendrá hasta que el texto del decreto ley no sea publicado en el BOE. Según datos publicados por el Consejo General del Notariado, cada mes se firman de media en España 30.000 hipotecas.
La gestión del Supremo ha afectado “muy negativamente” al mercado
Desde Fadei advierten de que la actuación del Tribunal Supremo ha afectado de forma “muy negativamente” al mercado inmobiliario, ocasionando “inseguridad e indefensión en el consumidor.
A pesar de la falta de cifras concretas, avanza que momentáneamente las operaciones se han paralizado y así seguirán hasta que el BOE no publique el decreto-ley, con la consecuente necesidad de prorrogar o resolver contratos con pérdidas de cantidades entregadas. “Solo la buena voluntad de comprador y vendedor habrán podido paliar los perjuicios ocasionados”, concluye Fadei.
