Más de 6 de cada 10 arrendadores españoles (67%) opinan que la expropiación de viviendas vacías es un ataque a los derechos fundamentales como es el caso de la propiedad privada. Así se desprende del informe “Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?”, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), con el objetivo de analizar la percepción de los propietarios respecto al papel del Estado en el mercado de los alquileres privados y estudiar el grado de aceptación entre este colectivo de las medidas intervencionistas por parte de las administraciones.
“Los propietarios perciben como injusta esta medida, ya que como se vio en el caso de Baleares, no se tiene en cuenta la situación por la que la vivienda está vacía en cada momento. Muchos de ellos prefieren perder la rentabilidad de alquilarla, que hacer frente a las preocupaciones actuales generadas por la desconfianza jurídica. Para incentivar que estas viviendas salgan al mercado del alquiler es muy importante que los propietarios sientan que tienen seguridad jurídica”, explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.
“Los arrendadores tienen claro que la expropiación de viviendas vacías vulnera un derecho fundamental contenido en el artículo 33 de la Constitución Española, como es el derecho a la propiedad privada. Los propietarios creen que este derecho se les está atacando con la aprobación de estas medidas intervencionistas, y por ello están en contra de tener que soportar ellos, la incapacidad de la Administración para proporcionar viviendas sociales a los colectivos de personas más vulnerables. Los propietarios parecen entender mucho mejor que el Gobierno, o por lo menos, que una parte de él, que la política social de vivienda debe encaminarse a fomentar otras soluciones, como la construcción de un gran parque público de viviendas, o fomentar la colaboración entre la iniciativa pública y privada para que aumente el parque de viviendas, en vez de adoptar medidas más traumáticas, como la expropiación de viviendas a particulares, que lo único que consiguen es aumentar la inseguridad jurídica y espantar a los inversores, tanto públicos como privados, que ven en el alquiler una oportunidad de inversión, señala José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)
En este sentido, el estudio apunta a que la expropiación de viviendas vacías es vista por los arrendadores como una medida que desincentiva la tenencia y puesta en alquiler de pisos. Así, el 80% de los propietarios defiende que el Estado debería proteger y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para incrementar la salida al mercado de inmuebles vacíos. Sobre esta cuestión, el 16% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 3% poco de acuerdo y un 1% nada de acuerdo.
En esta misma línea, una gran parte de los propietarios (76%) también considera que incentivar fiscalmente a los arrendadores de viviendas vacías ayudaría a su puesta en el mercado de alquiler. Solo un 2% se muestra poco de acuerdo y un 1% nada de acuerdo con esta posible solución al problema de la vivienda vacía.
Asimismo, más de siete de cada diez propietarios (76%) opinan que el Estado debería fomentar otras soluciones como la construcción de un parque público de vivienda en vez de optar a la expropiación. En este sentido, algo más de la mitad de los propietarios (53%) ven necesaria una alianza público-privada para aumentar el parque público de alquiler, siendo los catalanes los que significativamente más ven necesaria esta colaboración.
Sin embargo, un 43% de los propietarios afirma que la expropiación de viviendas vacías solo perjudica a grandes tenedores, por lo que no se sienten preocupados. Un 28% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a esta situación, un 15% señala estar poco de acuerdo y el 14% nada de acuerdo.
El problema de acceso a la vivienda y la vivienda vacía
Respecto al problema de acceso a la vivienda, un 70% de los propietarios defiende que el problema no puede resolverse con la contribución por parte de los propietarios privados, sino por la contribución del sector público. Tan solo el 4% se muestra poco de acuerdo y el 1% nada de acuerdo con esta idea.
En este sentido, entre las posibles soluciones al problema de acceso a la vivienda y la vivienda vacía, un 79% de los arrendadores considera que se debe aumentar el gasto público en vivienda social. Asimismo, una gran parte de los propietarios (71%) destaca la necesidad de promover una colaboración público-privada.
Sin embargo, entre las posibles soluciones, el 55% de los propietarios también señala que los grandes tenedores deberían poner a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social.
