El Consejo General de Registradores de la Propiedad de España ha planteado en el Congreso la utilización de su infraestructura como registro de contratos de alquiler, lo que posibilitaría un mapa de la situación del alquiler de vivienda en España en tiempo real, incluyendo el índice de precios que aún no se ha puesto en marcha.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con motivo de la tramitación de la Ley de Vivienda, su directora de servicios de medio ambiente, consumidores y usuarios, Rocío Perteguer, ha destacado que el centro estadístico ya existe, y únicamente falta una regulación que se apoye en él.

En este sentido, ha recordado que junto con el Catastro, el Banco de España, el propio Ministerio de Transportes y la Agencia Tributaria ya forman parte del comité para el índice de precios, pero que los datos de Hacienda tienen un decalaje de un año.

Por ello, y señalando que la regulación de acceso al Registro de Propiedad es de carácter estatal, ha planteado un acceso eficaz, económico y electrónico – también presencial – a un registro de contratos, atendiendo además que prácticamente todos los Estados de la Unión Europea cuentan con un registro jurídico de derechos.

“¿Por qué vamos a crear un registro de contratos y empezar desde cero?”, ha preguntado, señalando que el Registro ya cuenta con un índice de precios de venta por m2, número de compraventas registrado, su distribución por nacionalidad, por superficie, el período medio de posesión o el importe de tipos de interés, por cuotas hipotecarias o datos de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias.

Otras de las posibilidades trasladadas a la Comisión es la posibilidad de regular una notificación por parte de la propiedad para los casos de desahucio, que adelantaría la alerta a los servicios sociales, al ser al inicio del procedimiento y no una posibilidad legal durante el mismo.

Catedrático de derecho avala la constitucionalidad de la ley

Por otro lado, la Comisión de Transportes también ha recibido a Luciano Parejo, catedrático emérito de Derecho Administrativo, que ha avalado en su evaluación la constitucionalidad del proyecto de ley por el derecho a la vivienda, atendiendo a la propia doctrina del Tribunal Constitucional.

En este sentido, ha asegurado que el Estado puede determinar las condiciones básicas relativas a los contratos de alquiler, especialmente lo referido a la función social de la propiedad, con arreglo a la garantía de los principios de igualdad y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Asimismo, ha recordado el pronunciamiento favorable del Constitucional alemán sobre la regulación de los alquileres, tras censurarla por estar regulada desde entidades territoriales, en un contexto normativo y jurídico equiparable.