El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha nombrado a Isabel Rodríguez ministra de Vivienda y Agenda Urbana, después de haber sido ministra de Política Territorial. La cartera de Transportes se independiza del Ministerio de Vivienda y será para Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y actual diputado en el Congreso.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa, este será el nuevo reparto del departamento que hasta el momento ocupaba Raquel Sánchez. Puente estará al frente de Transportes y Rodríguez se queda con el Ministerio de Vivienda, una materia que los socialistas han fijado como una de las prioridades de la legislatura.

El Ministerio de Transportes y Movilidad nació hace apenas cuatro años, en enero de 2020, tras la formación del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, recogiendo el testigo del extinto Ministerio de Fomento.

En este periodo, la cartera ha tenido en su dirección a solo dos ministros, el primero José Luis Ábalos, que ya lo era de Fomento desde la moción de censura de 2018 y que gestionó la movilidad en plena pandemia, y posteriormente Raquel Sánchez, que tomó el relevo de Ábalos en julio de 2021.

En todo este periodo, el ámbito del transporte ha vivido momentos como la prohibición casi al completo de la movilidad por la crisis sanitaria, huelgas de taxistas y paros de camioneros que han reconfigurado a estos dos sectores, la entrada de la competencia en la alta velocidad, la gratuidad de trenes y autobuses, la polémica de los trenes de Cantabria que hizo caer a los presidentes de Renfe y Adif, la apertura de nuevas líneas a Galicia, Murcia, Extremadura o Asturias, o el diseño de peajes en todas las autovías que finalmente no entrarán en vigor.

Habilitar más vivienda pública e índice para zonas tensionadas

El Ministerio de Vivienda que se vuelve a recuperar como departamento en solitario y no agregado a otro ministerio. Como principales retos, la nueva ministra tendrá que desarrollar la macrooperación de poner en el mercado un total de 183.000 viviendas de alquiler asequible, que incluye las viviendas de Sareb, nuevas promociones y casas en el suelo del Ministerio de Defensa.

También deberá desarrollar la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de la legislatura pasada, y, concretamente, el compromiso es definir con carácter inmediato el índice de precios de referencia, que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.

Asimismo, se llevará a cabo el incremento del Bono Alquiler, que en la actualidad consiste en una ayuda de 250 euros para jóvenes menores de 35 años, y se revisará también la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. También se aprobará un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

Además, se habilitará un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas.

Eliminar obstáculos a la portabilidad de hipotecas entre entidades

Se pretende también adoptar, fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.

El Gobierno quiere hacer el mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia.

Compromisos anunciados para el Ministerio de Transportes

Para la nueva legislatura, Óscar Puente tendrá que hacer frente al traspaso de los trenes de Cercanías de Cataluña (Rodalies) a la Generalitat, uno de los mayores retos políticos de la legislatura, al incluir no solo la operación de los trenes sino también de la infraestructura.

Asimismo, el Gobierno mantendrá los descuentos para el transporte para el conjunto del año, aunque supeditado en el caso del transporte autonómico a que las comunidades también subvencionen una parte. Pasado el primer año, esta política se mantendrá para menores, jóvenes y desempleados.

Otro de los compromisos será impulsar la reducción de los vuelos domésticos en las rutas donde existan alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media, salvo en los casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

También reabrirá la línea que une Zaragoza con Pau (Francia) a través de Canfranc, impulsará los Corredores Mediterráneo y Atlántico, ampliará y modernizará la red de Cercanías valenciana y la línea Alicante-Murcia, conectando el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con ambas ciudades.

En Galicia se estudiará la implementación de una red de Cercanías entre A Coruña y Ferrol y entre Vigo y Pontevedra, y habrá descuentos en las autopistas de la región. En Canarias, se consolidará la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes, según los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los diferentes partidos de cara a la investidura.