El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha afirmado que desde el organismo no ven indicios de una “sobrevaloración generalizada” en los precios de la vivienda en España, salvo “apreciaciones importantes” en zonas de elevada demanda, como Madrid, Barcelona, algunas zonas de costa y las islas, aunque sigue con “mucha atención” la marcha del sector.

Así lo ha señalado Arce durante la presentación del informe trimestral de la economía española, al ser preguntado por el alza del precio de la vivienda, que se encareció un 6,8% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2018.

Arce ha indicado que el organismo supervisor sigue esta cuestión de manera “continuada”, y aunque se ha registrado un crecimiento “no es uniforme en todas las regiones ni en todas las ciudades”, lo que supone una diferencia “importante” respecto al anterior ciclo expansivo del mercado inmobiliario que condujo a la crisis.

Entonces, ha recordado que los crecimientos de dos dígitos en los precios de la vivienda eran generalizados por tipo de vivienda y localización, mientras que actualmente se están produciendo apreciaciones “importantes” pero concentrándose en grandes capitales, como Madrid y Barcelona, algunas zonas de las costas y en las islas.

Según Arce, estas revalorizaciones parece que podrían estar respondiendo al aumento de la demanda, que está siendo más pronunciado que el de la oferta, ya que habitualmente se produce con más retraso.

En cualquier caso, ha asegurado que la evolución del precio de la vivienda es un asunto que desde el Banco de España siguen “con mucho cuidado”, especialmente ante los “antecedentes históricos” de la burbuja inmobiliaria en España, pero su diagnóstico es que no ve “indicios de sobrevaloración generalizada”.

Por otra parte, preguntado sobre si la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria puede producir una ralentización en la concesión de crédito al tener cierto impacto en las entidades, Arce ha apuntado que se trata de un tema de implantación de operativa por parte de las entidades que les puede llevar “más o menos tiempo” ajustar en los sistemas de evaluación de operaciones, concesiones o documentación. No obstante, ha dicho no tener “información relevante” al respecto de los posibles obstáculos operativos.